Es socio profesional del Departamento de Derecho Público del despacho y está especializado en el asesoramiento a medianas y grandes empresas en materia de cumplimiento normativo (Compliance), Derecho Penal Económico, así como en todo tipo de contingencias de Derecho Administrativo y Constitucional. Es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, y ha sido durante 9 años Letrado del Tribunal Constitucional a propuesta de su pleno, lo cual le ha permitido obtener una gran especialización en múltiples materias debido a la variada tipología de asuntos jurídicos que acceden a dicho tribunal. Además ha sido Ministro de Justicia del Gobierno de España.
Desde el año 2002 es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y ha dirigido la Fundación Democracia y Gobierno Local desde la que elaboró y coordinó múltiples informes y publicaciones sobre temas relacionados con las administraciones municipales y provinciales.
En el ámbito universitario, ha pasado por diversos centros de investigación europeos (Instituto Europeo de Florencia, Universidad de Edimburgo, etc.) y es autor de multitud de artículos doctrinales y libros, entre otros, “El mandato Parlamentario”, “El control de disposición de constitucionalidad de disposiciones reglamentarias”, “Jurisdicción y procesos constitucionales”, “La garantía constitucional de la inocencia” y “Democracia federal. Apuntes sobre España”, especializándose en cuestiones como la Jurisdicción Constitucional, Derecho Penal Constitucional, Derechos Fundamentales y en materias concernientes a las Administraciones Públicas.
En el año 2004, Caamaño fue nombrado Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, en el año 2008 Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios y en el año 2009 fue nombrado Ministro de Justicia, cargó que ejerció hasta 2011. Ha sido también Presidente de la Comisión de Justicia e Interior de la Unión Europea, diputado en el Congreso y parlamentario autonómico. Como jurista y responsable público, ha trabajado directamente en la elaboración de muchas leyes innovadoras y reformas legales como, por ejemplo, la reforma del Código Penal de 2010, la cual tipificó por primera vez en España la responsabilidad penal de la persona jurídica y propuso los programas de compliance o cumplimiento como eximentes o la primera reforma concursal que pretendía proteger las refinanciaciones, el Real Decreto-ley 3/2009 de medidas urgentes en materia concursal.
Además, es Delegado para Galicia de la Asociación Española de Compliance (ASCOM).