La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha firmado un acuerdo con CCS Abogados para la defensa de los transportistas afectados por el cártel europeo de camiones.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha seleccionado a CCS Abogados, bufete especializado en Derecho de la Competencia para que interponga las demandas pertinentes contra los cinco fabricantes de camiones multados por la Comisión Europea a finales del pasado julio, por crear un cártel entre 1997 y 2011 en el que acordaron aumentar los precios de sus productos, retrasar la introducción de tecnologías anticontaminación necesarias para cumplir con las normativas europeas y repercutir los incrementos de gasto sobre los clientes.

En la rueda de prensa celebrada ayer en Madrid, el presidente de la CETM, Ovidio de la Roza, explicó que "ante la masiva reclamación de información y asesoramiento por parte de nuestros asociados, nos hemos reunido con más de 18 despachos de abogados y otros cinco internacionales vinculados a fondos de inversión, con el objetivo de proporcionar a nuestros socios una defensa jurídica de calidad y un precio adecuado” . Como resultado de ese proceso, se seleccionó a CCS Abogados por su experiencia en proyectos jurídicos de carácter masivo y en el sector del transporte, además de por su red internacional de despachos, en caso de que el proceso acabe requiriéndola. El objetivo, indicó Ovidio de la Roza, es dar una "defensa jurídica de calidad y a un precio adecuado" a los socios para que reclamen judicialmente el dinero indebidamente abonado por la compra de sus vehículos.

El pasado 27 de mayo el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley por el que los transportistas pueden pedir a los fabricantes de camiones que les envíen la documentación que sirvió de soporte a la Comisión Europea para ejecutar la demanda contra los fabricantes. Por lo que los aproximadamente 150.000 transportistas españoles afectados, pueden iniciar la demanda para que se les compense por el sobreprecio que pagaron al adquirir sus camiones. Estas reclamaciones podrían alcanzar más de 2.500 millones de euros solo por el sobreprecio.

El ex Ministro de Justicia y socio del despacho, Francisco Caamaño, ha destacado la necesidad de "exigir que se repare el daño causado" para que no se repitan hechos similares y porque "ha de hacerse justicia a cada persona y cada empresa". "Para los transportistas, el camión es algo más que una simple herramienta de trabajo, es un medio de vida", ha señalado. "Defenderemos el sector del transporte de mercancías ante el cártel de fabricantes con un planteamiento profesional a éxito, de modo que solo se devengarán nuestros honorarios cuando cada cliente haya sido reintegrado de los daños causados por los pactos colusorios", ha explicado.

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